No cabe duda, que el secuestro con todo lo que significa ha marcado de manera profunda a Colombia como nación. Desde muchas ópticas y narrativas, no solo se ha tratado de un macabro delito, sino de uno de los capítulos más crudos que tuvo que afrontar el país en el marco del conflicto armado.

Cinco momentos claves han trazado la historia de este execrable crimen en Colombia y desde el Centro de Análisis de Coyuntura y Seguridad de Omnitempus, quisimos realizar una ligera revisión analítica de la línea de tiempo.

Cronología del flagelo a una nación

1. Los primeros sobresaltos en las cifras se producen a comienzos de la década de los ochenta cuando la organización guerrillera Movimiento 19 de abril (M-19) adopta el secuestro como práctica recurrente.

Por un lado, como una eficaz herramienta de presión para que el Gobierno de turno cediera a distintas pretensiones políticas. Por otro lado, como un eje fundamental de financiación para su actividad subversiva.

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica. “Una verdad secuestrada”. 2013. pág. 6

En seis años (1980-1986) esta guerrilla perpetró una cifra cercana a los 600 plagios, como bien se sabe alguno de ellos en contubernio con los carteles del narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar

2. La etapa de escalamiento se produce en el marco de la VII y VIII conferencia de la guerrilla de las Farc. Comprende el periodo entre la final de la década de los 80 y mediados de 1998.

En este periodo el factor diferencial efectivamente son las Farc, que tras dos de sus conferencias más importantes de la historia, toman la decisión de maximizar la comisión de este tipo de delito.

El país pasó de registrar un poco más de 300 plagios en 1990, a cerrar en 1998 con 2.886 casos, de los cuales al menos la mitad fueron adjudicados a las Farc.

“El secuestro de miembros de la Fuerza Pública y de líderes políticos ha sido utilizado como una herramienta para la consolidación de un discurso político en el que se resalta el secuestro como un mecanismo para combatir el creciente poder de las élites corruptas del país, lo que transforma al secuestrado en prisionero de guerra de un actor político que se considera a sí mismo legítimo. esboza el Centro de Memoria Histórica (CDMH) en su informe “Una sociedad secuestrada”.

Ahora bien, si se ahonda en las cifras con detenimiento se puede concluir que más allá de cualquier discurso de reivindicación política, los principales réditos de las Farc por los secuestros fueron económicos.

De los 7.981 casos que registra el CDMH que habrían tenido participación de la guerrilla, el tipo de desenlace en el 66% de los casos fue liberación tras pago y solo el 7% se dio sin dinero de por medio.

3. Durante el proceso de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana y las Farc viene una etapa de masificación del secuestro.

A diferencia de otros procesos de este tipo que gestionaron gobiernos anteriores, el del presidente Pastrana fue el primero en incluir una variable absolutamente determinante en múltiples sentidos: una zona de despeje.

En cerca de 42.000 kilómetros cuadrados en el municipio de San Vicente del Caguán, se concentraron las tropas de la guerrilla.

Según acota el CDMH en su informe, la zona de distensión “constituyó un escenario ideal para la mimetización del secuestro, lo que conllevó a que éste se mantuviera al margen de los temas de la agenda de negociación, y que se presentara la entrega de los secuestrados como un canje humanitario de prisioneros de guerra”.

A pesar de estar inmersos en un proceso donde se pretendía terminar el conflicto por una salida negociada, la agrupación insurgente lo redujo en tan solo un 20% entre el primer y segundo año de negociación, otro 10% entre el segundo y el tercero para que en la recta final volvieran a incrementarse casi a la misma cifra de 1998.

Además, de manera paralela en este periodo, se incrementaron los casos de plagio por parte del ELN y la delincuencia común que por ejemplo en el año 2000 doblaron juntos el número de secuestro perpetrados por las Farc

4. El contrataque del Estado con la seguridad democrática. Tras el fracaso del proceso entre el Gobierno Pastrana y la guerrilla, en las elecciones de 2002 es elegido Álvaro Uribe Vélez, quien llega a la casa de Nariño con una propuesta programática de Gobierno donde se busca el combatir de manera vehemente a las organizaciones ilegales.

Por medio de la “política de defensa y seguridad democrática” el gobierno Uribe desplegó por gran parte del territorio nacional una ofensiva contra todo tipo de estructuras delictivas, principalmente sobre las Farc.

En el primer periodo de gobierno este fenómeno se contiene, reduciéndose en cerca del 60% pasando de 2.900 casos durante el 2002, a 687 en 2006. Durante el segundo periodo, se presenta una nueva reducción cercana al 60% llegando a 2010 a 287 casos de secuestro.

Fue fundamental el incremento del presupuesto en materia de defensa y de la ayuda económica por parte de los Estados Unidos a través del Plan Colombia que robustecieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía, incrementando su pie de fuerza, su capacidad operativa, la tecnificación de la inteligencia militar, etc.

5. Hacia la cifra más baja en los últimos 30 años. El proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, es el punto de inflexión más reciente sobre la lógica del secuestro.

Desde que se instaló la mesa de conversaciones en La Habana, se ha venido presentando una fase de desescalamiento del conflicto y de alivio humanitario.

La mayoría de los indicadores asociados a dinámicas de violencia empezaron a reducirse de manera paulatina. El secuestro, como fenómeno interiorizado por el conflicto colombiano, no ha sido ajeno a esta nueva etapa, y su reducción ha sido notoria.

Con respecto al inicio de la fase pública del proceso en 2012, los secuestros se han reducido en un 43%, pasando de 305 a 174 casos en 2018. De acuerdo con esto, la del año pasado se convirtió en la cifra más baja en 30 años, dejando en evidencia una vez más, la influencia que las Farc tuvieron sobre el secuestro durante décadas.

Para terminar, vale la pena resaltar que los tres primeros trimestres de 2019 mantuvieron la tendencia positiva de los últimos años. Con respecto al mismo periodo en 2018, los casos de secuestro se han reducido en cerca del 50% pasando de 135 a 67. 

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Esto permite inferir, que al menos que algo realmente extraordinario ocurra el año cerrará con una nueva reducción, llegando a una cifra que podría estar por primera vez en varias décadas por debajo de las tres cifras.

Esto es algo sumamente notable, ya que a medida que los casos se acercan más a 0, cualquier clase de fenómeno político, social o económico puede volver a levantar la estadística.

Es igualmente importante señalar que desde el 2004, no ha habido en Colombia un caso de secuestro que involucre a un presidente o vicepresidente de una compañía multinacional radicada en el país, lo que permite tener un ambiente más propicio para la inversión extranjera y los negocios en esta materia.